Según datos oficiales, la cantidad de estos niños en la Argentina que asisten al establecimiento regulares descendió cuatro puntos porcentuales de 2014 a 2015; el desvelo de los padres
artín tiene tres años. En 2016 le diagnosticaron un déficit de integración sensorial y en mayo las autoridades de una escuela privada de Núñez lo invitaron a retirarse del jardín de infantes porque consideraban que necesitaba apoyo extra y que eso no era compatible con el nivel educativo esperado de un colegio bilingüe. Ahí empezó la búsqueda de sus padres, que tras cinco meses aún no encuentran una vacante escolar para su hijo. Ya asistieron personalmente a 20 escuelas y llamaron a otras 22, pero todas les cerraron las puertas.
«Las excusas son de todo tipo. La vacante está ocupada, ya tenemos demasiados casos de integración, el grupo es demasiado numeroso para un nene con estas características, los recursos que tenemos no son suficientes para acompañarlo o las exigencias son muy altas. Es totalmente discriminatorio», contó Patricia, madre de Martín.
Ante el constante rechazo de las instituciones escolares elegidas y la incertidumbre, Patricia y su esposo completaron esta semana la preinscripción en línea para que Martín realice el ciclo lectivo 2018 en una escuela pública. Deben esperar hasta el 21 de noviembre para saber qué vacante le fue asignada.
El caso se ajusta al promedio. Según los datos de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación y Deportes, la cantidad de chicos con discapacidad integrados en educación común descendió cuatro puntos porcentuales desde 2014 hasta 2015, último dato oficial disponible.
Hay 101.441 (45%) alumnos con discapacidad relevados en educación regular y 124.829 (55%) en especial. Esto significa que casi seis de cada diez chicos no están integrados y en muchos casos esto no es decisión de los padres, sino consecuencia de las restricciones que imponen las escuelas.
Desde que la Argentina adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos los chicos pueden acceder a la educación común.
«Lo primero es encontrar colegio, que generalmente no es el que elegís, sino el que encontrás. Después te das cuenta de que no está incluido, que si falta el maestro integrador no puede ir al colegio, no lo involucran en ciertas actividades o lo aíslan», sostuvo Gabriela Santuccione, madre de Juan Manuel. El joven con espectro autista vivió la exclusión en carne propia, pero logró superarla y actualmente estudia periodismo deportivo en TEA.
«Recorrí 18 escuelas, pero me dijeron que hacen hasta dos integraciones por grado. Todavía seguimos buscando»
El caso de su hijo motivó a Santuccione a crear Grupo Artículo 24, una coalición de más de 150 organizaciones que luchan por una escuela inclusiva abierta a la diversidad y en contra de la marginación.
A su vez, desde el equipo de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Pamela Smith considera que «las escuelas especiales segregan a los niños porque los condenan a una educación en la que no acceden a los mismos contenidos, no se relacionan con otros compañeros, se los separa por su condición y por principio eso está mal, porque es discriminatorio».
Además, propone que los recursos y los saberes de las escuelas especiales estén a disposición de todos los chicos en el marco de una educación común que se rija por el principio de integración.
La discriminación que sufren los niños con discapacidad por parte de las instituciones se refleja en las cifras que recopila la Dirección de Asistencia a la Víctima del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). El año pasado se registraron 495 denuncias por motivo de discapacidad y 323 ocurrieron en el ámbito educativo. Esto significa que hay al menos una denuncia por día que cumple con estas características. En relación con este año, hasta agosto se presentaron 295 por discapacidad y 161 de los hechos acontecieron en un entorno educativo.
Al respecto, Claudio Presman, interventor del Inadi desde junio y ex defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, se reunió con Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, para coordinar acciones en las escuelas y realizar talleres y encuentros de capacitación docente.
«La directora del jardín me dijo que la institución no contaba con los recursos necesarios para afrontar el proceso de integración escolar»
«Resulta indispensable cambiar las ideas y estereotipos para que las personas sepan que todos somos diferentes. Justamente es función de la educación asegurar la igualdad y enseñar el valor de todas las diferencias. Hay que educar con esos valores desde la teoría, pero fundamentalmente hacerlo real en la práctica diaria del aula», explicó Presman.
Desde el Gobierno, el secretario de Gestión Educativa nacional, Max Gulmanelli, destacó que «el año pasad se trabajó con los referentes de las distintas jurisdicciones para poder garantizar el derecho a una educación inclusiva».
Recordó que se sancionaron la resolución 311 del Consejo Federal de Educación y otras normativas sobre la validez de los títulos. «El salto cualitativo que tenemos que dar es lograr una educación personalizada donde cada uno de los niños pueda tener su prospecto pedagógico, tenga o no una discapacidad, que sea respetuoso de sus capacidades y de su ritmo de aprendizaje», añadió.
«Si falta el maestro integrador no puede ir al colegio, no lo involucran en ciertas actividades y lo aíslan. Es un sistema que excluye»»
Además de la posibilidad de presentar una denuncia ante el Inadi, cada jurisdicción cuenta con sus protocolos o circuitos administrativos para subsanar los actos discriminatorios de las escuelas. A nivel provincial, Córdoba y Santa Fe tienen el porcentaje más alto de niños integrados: sólo cuatro de cada diez chicos con discapacidad matriculados asisten a escuelas especiales, y el resto forma parte de la educación común. Les siguen Río Negro y Chubut, con un 58% de alumnos integrados. En contraste, en San Juan y Corrientes son las provincias con menos alumnos con discapacidad en educación regular; más del 67% no están integrados.
Josefa Satragno, directora general del colegio parroquial de San Isidro Juan XXIII, que desde hace 24 años trabaja con inclusión, consideró que «el principal desafío es que los docentes se eduquen en esta materia, porque los profesorados todavía no brindan la formación necesaria para poder trabajar en un aula heterogénea». Actualmente en esa institución hay 44 chicos integrados sobre una población total de 1050 alumnos. Se trata de «buscar estrategias que convoquen a armar presupuestos donde los recursos humanos sean prioritarios para que todos puedan acceder a esta posibilidad», concluyó.
Ley con Rango constitucional
En la Argentina, la ley ampara el derecho a la educación inclusiva a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obtuvo rango constitucional en 2008 y que asegura un sistema integral en todos los niveles de enseñanza. Además, si bien la ley de educación nacional separa la modalidad común de la especial, aclara que se «rige por el principio de inclusión educativa» a partir de una propuesta pedagógica para las personas con discapacidad que les permita integrarse y desarrollar al máximo sus posibilidades.