Es una demanda que empezó en 2015. Entre otras cosas, debe informar cuántos van a escuelas comunes.
La Corte Suprema exigió al Ministerio de Educación producir y difundir información sobre la situación educativa de los alumnos con discapacidad. Es que no se produce información sobre cuántos alumnos con discapacidad van a jornada extendida en escuelas especiales, si estudian algún idioma, si fueron a sala de cuatro años, ni si van en simultáneo algunas horas a una escuela común, entre otros temas.
«Parece increíble que el Ministerio de Educación no pregunte eso en su censo anual», dijo a Clarín Dalile Antúnez, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). «No se entiende por qué el Estado tiene un cuadernillo mucho más flaquito para las escuelas especiales, siendo que son esenciales para evaluar su trayectoria dentro del sistema educativo», agregó la directiva de ACIJ.
Esa entidad, junto con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Síndrome de Down (ASDRA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) litigaron durante dos años contra el Estado. Y lograron que la Corte Suprema ratifique un fallo de Cámara que exige al Ministerio de Educación producir y difundir información sobre la situación educativa de los alumnos con discapacidad.
Las cuatro entidades reclaman que el Ministerio de Educaciónentregue información sobre la cantidad de personas con discapacidad que asisten a escuelas comunes, con y sin seguimiento docente, así como el porcentaje de la jornada en que los alumnos asisten a dicha modalidad. También reclaman saber la cantidad de alumnos con discapacidad en escuelas especiales, que desertan, egresan y son repitientes, junto con los que nunca asistieron a sala de cuatro años, reciben enseñanza de idioma y son indígenas y/o hablan lenguas indígenas.
El Ministerio de Educación informó en este juicio que incluyó en el Relevamiento Anual del año 2015 varias preguntas sobre repitiencia y egreso de los alumnos con discapacidad en escuelas de educación especial. Aunque señaló que carece del dato sobre la cantidad de horas que asisten los alumnos con discapacidad a escuela común y si van en simultáneo a escuela especial. El último dato oficial asegura que en 2015 había 101.441 alumnos con discapacidad en escuela común y 124.829 en escuela especial.
Pero esos datos no fueron suficientes. Y en el dictamen del fiscal general Rodrigo Cuesta, ratificado por el fallo de la Corte, se sostuvo que el Ministerio de Educación «no brinda información completa sobre la trayectoria de los estudiantes con discapacidad». Y por lo tanto, «no satisface el deber del Estado consagrado en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en las leyes» respectivas. El fiscal destacó, además, «la omisión del Estado de contar con datos respecto de la trayectoria educativa de los estudiantes con discapacidad que está convencional y legalmente obligado a producir y con los que sí cuenta respecto de los estudiantes sin discapacidad«.
Cristina Lovari, coordinadora de Educación Especial del Ministerio de Educación, dijo a Clarín que se instrumentarán los cambios, «para que el relevamiento de datos estadísticos se acerque a lo que la Justicia estableció que tenemos que garantizar».
La sociedad se escandalizó cuando el mes pasado una madre tuvo que cambiar de escuela a su hijo con Síndrome de Asperger, en Merlo, mientras las madres de sus compañeritos de cuarto grado celebraban la noticia en un grupo de Whatsapp. Ahora la Justicia exige que el Estado siga la trayectoria educativa de los alumnos con discapacidad, del mismo modo que ya lo hace con el resto de sus alumnos.