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Durante mayo, desde RALS estamos organizando una serie de charlas para visibilizar y dar impulso a la progresividad de los derechos de las personas con discapacidad.

A nivel regional, las personas con discapacidad comparten dificultades similares tanto en el acceso , el reconocimiento y la implementación de la Convención Internacional sobre los derechos de las PCD.

En esta serie de eventos, vamos a reflexionar sobre los desafíos que surgen tanto el marco normativo como en el día a día de las PCD y sus familias.

Entre el 17 y el 23 de mayo, vamos a estar en la Ciudad de Buenos Aires, Tilcara (provincia de Jujuy) y Montevideo (Uruguay).
Te invitamos a sumarte!

Agradecemos el apoyo de AMIA, Fundacion Jazmin, Ministerio de Desarrollo social (UY) y Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Auspician Embajada Argentina en UY, Museo Terry.

A través del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 , el Poder Ejecutivo se propone introducir una serie de profundas variaciones en distintas áreas, que afectaran al conjunto de la población de distintas maneras. Como estos cambios impactan en las personas con discapacidad?.

En forma preliminar, y sin profundizar en el marco teórico de estas medidas es necesario señalar que la emergencia que genera el dictado de decretos de necesidad y urgencia debe reconocer justamente la existencia de un “estado de emergencia” generado por circunstancias excepcionales.

Estos dos extremos no resultan de una interpretación subjetiva del Poder Ejecutivo, sino que la Constitución en articulo 99 Inc. 3ro señala circunstancias “que hicieran imposible seguir los tramites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos…”

Esto se contradice con la decisión del P.E. de convocar a sesiones extraordinarias al Poder Legislativo, pues implica que la vía ordinaria para el tramite de leyes se encuentra libre y de hecho se utilizara. Entonces no se estaría conformando la circunstancia excepcional que describe la Carta Magna como requisito para el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia.

Por otro lado, el decreto debe pasar un examen de razonabilidad en relación con los medios elegidos por la norma y los fines que persigue. Se evalúa la proporcionalidad de las medidas y el tiempo de vigencia de estas, además de la inexistencia de otros medios alternativos para lograr los fines deseados.

Como afirmamos precedentemente el llamado a sesiones extraordinarias desactiva las circunstancias excepcionales, vaciando de contenido los fundamentos del decreto 70/2023 en este sentido, pudiendo o no el Congreso convalidar el criterio del Ejecutivo. Esta manifestación debe ser expresa ya que no se permite la convalidación del decreto de necesidad y urgencia por la inactividad parlamentaria.

El decreto en cuestión, establece la base desde donde se van a realizar todas las transformaciones: retirar al Estado del escenario de las relaciones contractuales  y que el mismo quedo conformado por las partes que contratan.

El principio reivindicado desde el decreto, ha sido transformado a lo largo del tiempo, no por la falta de fe en la capacidad de las personas, sino por la creciente desigualdad imperante en algunas relaciones, producto de la concentración de poder de una de las partes que quebraba el equilibrio del equilibrio contractual,  pues a la otra solo le quedaba asentir todas las clausulas que la parte dominante establecía sin negociación previa, para poder celebrar el contrato.

Los contratos de adhesión, típicos de estos tiempos,  de los cuales el de medicina prepaga surge como un claro ejemplo, exhiben esta realidad de modo palmario. Las empresas con mejores y más eficaces herramientas de negociación y poder económico, ostentan una situación dominante donde al socio solo le queda aceptar el contrato en su totalidad o no aceptarlo, sin lugar a la negociación “par a par” que proponía Velez Sarsfield en 1869.

En este tipo de contratos, como en otras situaciones de la vida cotidiana, la intervención del Estado resulta clave a la hora de equiparar fuerzas, y si bien no puede modificar el modo de celebración del contrato, es decir la adhesión, puede limitar a la parte dominante para evitar excesos basados justamente en su posición dominante.

La intervención del Estado con acciones positivas en favor de grupos vulnerables o vulnerados tiene su origen en la Constitución Nacional como una atribución del Poder Legislativo en el artículo 67 inc. 23.

Particularmente en el decreto 70/2023 en relación con el derecho a la salud de las personas con discapacidad se aborda en lo relativo a la regulación de la actividad de las empresas de medicina prepaga y las obras sociales.

En primer lugar, establece, a través del agregado del artículo 30 bis a la ley 26.682, que las disposiciones de dicha ley rigen solo para los asociados voluntarios que contraten directamente con la empresa

Esta distinción se realiza en virtud que los asociados cuyos vínculos se originen en triangulaciones con obras sociales a través de planes superadores se regirán por la ley 23.660, pues a través del agregado del inciso i) al artículo 1ero de la citada norma, se incorpora a los sujetos comprendidos en el artículo 1 ero de la ley de medicina prepaga, como sujeto comprendido en la ley de Obras Sociales.

En el marco de las empresas de medicina prepaga específicamente:

– Se deroga la facultad de la autoridad de aplicación de revisar los aumentos de cuotas propuestos por la empresa de acuerdo con sus criterios. De este modo la empresa aumentara unilateralmente sus cuotas sin el contralor estatal, estableciéndose una limitación patrimonial para sus socios si desean mantener el carácter de tales.  (art 5to inc. g)

– Se deroga la obligación de la autoridad de aplicación, ante la quiebra, cese de actividad o cierre de la empresa, de transferir la cobertura y los afiliados de esta a otra institución inscripta en el Registro con similar modalidad de cobertura de salud y cuota, respetando criterios de distribución proporcional de acuerdo con cálculos actuariales, con el consentimiento del usuario. De este modo la persona con discapacidad ante el cese de actividades de la empresa donde se encontraba asociada queda automáticamente sin cobertura y deberá buscar una nueva empresa donde asociarse que no respetará su antigüedad como socio, pues la relación contractual arranca de cero, con el consecuente incremento de cuota por la existencia de preexistencias, en caso de acceder a recibirla como socia.

– Se eliminan los aranceles mínimos que las empresas debían reconocer a los prestadores que contrataban, de este modo la variable de arancel de prestador afecta en una doble vía a las personas con discapacidad, por un lado, si son bajos la calidad profesional de prestadores descenderá con el correspondiente impacto en los tratamientos de las personas con discapacidad o especialidades existentes en su cartilla de prestadores. Por otra parte, si los aranceles resultan elevados, dicho costo se trasladará a la cuota que, como puede incrementarse libremente por las empresas, limitará el acceso de los socios con discapacidad a esos servicios o directamente a la empresa.

– Se elimina también el contrato tipo que debían suscribir las empresas con sus prestadores, por lo que el contrato lo celebrara cada prestador con la empresa donde se vuelve a verificar la ruptura del equilibrio contractual ya observado en el caso de empresa/socio, pues la posición empresarial es mucho más fuerte que la del profesional o el socio.

– Se elimina el aporte de la matricula anual que las empresas abonaban y que constituía una de las fuentes de financiamiento del Ministerio de Salud para llevar adelante lo establecido en la ley 26.682

– Se elimina el Consejo de Concertación integrado por miembros de ministerio, usuarios y representantes de empresas para acordar los temas que requerían control de las actividades de la empresa de medicina prepaga.

– Las empresas podrán establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria, libremente pues se elimina la facultad de la autoridad de Aplicación para fiscalizar y garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales y la de autorizar el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos.

Aquí nuevamente se constata la imposición de un límite patrimonial unilateral que condiciona al socio con discapacidad.

En materia de obras sociales (ley 23.660) como dijimos se incorporan como sujetos comprendidos por dicha norma a las empresas de medicina prepaga, y en este ámbito, podrán salir a competir con las obras sociales, pero conservando para si la facultad de aumentar libremente sus cuotas.

También derogo el articulo 5to donde se establecía los porcentajes sobre la recaudación que cada agente debe destinar a prestaciones de servicios de salud, por lo que se deberá observar cual será el procedimiento para asegurar la financiación de los servicios de salud que cada agente debe brindar.

Finalmente, y a través de la modificación del decreto 504/98, se establece la libre elección de obra social y se elimina el requisito de permanecer un año en la obra social al iniciar la relación laboral. Asimismo, una vez ejercido el derecho de opción, los afiliados deberán permanecer en la nueva obra social por un plazo a determinar que no será superior al año.

En términos generales podemos afirmar que la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las partes por sobre la ley, se lleva a limites extremos en una materia sensible como la salud, donde una de las partes contratantes (la empresa) resulta poseer mejores y más efectivas herramientas de negociación que la otra (usuario) y donde la primera se reserva facultades de ajustar la cuota convirtiéndola en el derecho de admisión contra el socio

El retiro del Estado de la esfera de la actividad privada colisiona con su rol de coordinador del sistema de salud y coloca a los grupos vulnerables fuera de toda protección, a merced de aquellos grupos que con poder económico establecen reglas de juego, y, bajo la apariencia de libertad contractual, generan un sometimiento de la parte más débil a la que cuenta con una notoria posición de dominio de la situación.

Esto solo proyecta numerosos escenarios de conflicto, conculcación de derechos y exclusión.

Estamos felices de anunciarles que ya salió nuestro almanaque 2024 en el que continuamos derribando mitos.
Hacé click para descargar la versión digital y usalo como más te guste. No te lo pierdas!

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Llega una nueva edición de “Vivir como protagonistas, conversatorio sobre nuestras experiencias de vida autónoma”, en esta oportunidad en la sede de AMIA, Uriburu 650, 1º piso.

El miércoles 27 de septiembre, a las 17 horas, los esperamos para conversar con personas con discapacidad, sus familias y apoyos sobre los desafíos cotidianos para hacer realidad la autonomía, con el fin de buscar alternativas para superarlos y ser protagonistas de una vida independiente.

El evento contará con las presentaciones de Gabriel Garriga, ingeniero; la Lic. Claudia Moggia, psicóloga especializada en niñez y adolescencia; Roberto Maffi, abogado y coach ontológico; y la Mg. Jimena Cavarra, psicóloga especializada en personas con discapacidad.
Además, tendremos la participación especial de la actriz Julieta Díaz.
Como moderadora, estará Elizabeth Aimar, abogada especialista en salud y discapacidad y presidenta de RALS.

La participación es libre y gratuita con cupos limitados. Inscripción previa en el link https://bit.ly/vivircomoprotagonistas

José Ignacio, 11 de enero de 2023 – La Red de Asistencia Legal y Social (RALS) invita a participar de la charla “Vivir como protagonistas. Experiencias y propuestas para apoyar la libertad y la autonomía de las personas con discapacidad» que se llevará a cabo el 24 de enero de 2023, a las 19:30 horas, en La Panadería José Ignacio, Maldonado, Uruguay.

En este evento con entrada gratuita, se conversará sobre cómo buscar y lograr entre todos los reales alcances de la vida independiente y autonomía de las personas con discapacidad a fin de avanzar hacia una integración plena y activa en la sociedad.

La charla contará con las presentaciones de Elizabeth Aimar, abogada especialista en salud y discapacidad, presidenta de RALS; Claudia Moggia, licenciada en psicología, especializada en niñez y adolescencia, y Roberto Maffi, abogado y coach ontológico.

El evento cuenta con el auspicio de la Intendencia de Maldonado y del Consulado de la República Argentina en Uruguay, y con el apoyo del parador La Huella, la librería Rizoma y la Fundación Jazmín.

Con entrada libre y gratuita en un espacio accesible para todos, se requiere inscripción previa en inscripcionesrals@gmail.com

Agradecemos de antemano su apoyo con la difusión de la charla.

Para más información, ingresar a nuestro sitio web www.rals.org.ar o seguirnos en nuestras redes https://www.instagram.com/_redrals/  y www.facebook.com/RedRals

3 de Diciembre

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Conceptos como el de autonomía y vida independiente resultan vacíos si no se complementan con la eliminación de las barreras que impiden el desarrollo de las personas con discapacidad dentro de sus comunidades en igualdad de condiciones.
En este día, desde RALS visibilizamos la lucha de las personas con discapacidad, sus familias, y las organizaciones que trabajamos por una verdadera inclusión.

Estamos felices de anunciarles que ya salió el Almanaque 2022 «Somos autónomos».

Las personas con discapacidad buscan día a día avanzar más en su autonomía.

Son grandes pasos en caminos cargados de desafíos, con el deseo como motor de nuevas oportunidades y horizontes inclusivos.

Tanto logros como frustraciones, alegrías y tristezas son parte de esta búsqueda, en un constante intercambio dentro de la comunidad.

Agradecemos a cada uno de los protagonistas de las trece historias que compartimos en este almanaque, que inspiran a todos a romper barreras.

El almanaque es de distribución libre y gratuita y su versión digital puede descargarse en: https://www.rals.org.ar/

Presentamos varios pedidos de informes a las autoridades de salud nacional y porteña para conocer el plan de vacunación para las personas con discapacidad

PEDIDO DE INFORMES MINISTERIO DE SALUD NACION

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Un nuevo procedimiento para obtener el certificado de único de discapacidad.

Incluye indicadores que permiten definir los factores contextuales de la persona, si la misma se encuentra en situación de dependencia y la causa de su discapacidad.

Resolución 232/2018

RESOL-2018-232-APN-DE#AND

Ciudad de Buenos Aires, 31/08/2018

VISTO el EX-2018-39827548-APN-DGTAYL#AND, las Leyes Nros. 22.431 del 20 de marzo de 1981 y 24.901 del 5 de diciembre de 1997; los Decretos Nros. 762 del 14 de agosto de 1997, 1193 del 14 de octubre de 1998, 698 del 5 de septiembre de 2017, 868 del 26 de octubre de 2017, 95 del 1 de febrero de 2018, 160 del 27 de febrero de 2018, 751 del 13 de agosto de 2018 y las Resoluciones del MINISTERIO DE SALUD Nros. 675 del 12 de mayo de 2009 y 558 del 2 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 868/2017 se creó, en la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, el Programa Nacional “PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD”, cuyo objetivo es la construcción y propuesta de políticas públicas tendientes a la plena inclusión social de las personas con discapacidad, contemplando los principios y obligaciones comprometidos por medio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378.

Que por el Decreto Nº 95/18 se modificaron las competencias del MINISTERIO DE SALUD, fue suprimido el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN -organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD- y se transfirieron a la órbita de la mencionada Agencia sus responsabilidades primarias y acciones, créditos presupuestarios, bienes, personal y dotaciones, estableciendo que la misma será continuadora, a todos los efectos legales, del precitado SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

Que el artículo 3 de la Ley Nº 22.431, modificado por el artículo 8º del Decreto Nº 95/2018, establece que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado e indicará, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar, añadiendo que el certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Que el Decreto Nº 160 del 27 de febrero de 2018, que aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, estableció como responsabilidad primaria de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS el asistir a la Dirección Ejecutiva en la gestión técnico administrativa del otorgamiento del CUD, procurando facilitar la disponibilidad de los recursos técnicos necesarios que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a sus derechos.

Que entre las acciones de la referida DIRECCIÓN NACIONAL se encuentran las de entender y actuar como autoridad de aplicación de la normativa vigente, referida a la valoración y certificación de la discapacidad conforme las clasificaciones internacionales y normativas especificas nacionales, coordinando acciones con autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Que asimismo, es competencia de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS, colaborar en el relevamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de información, e implementar mecanismos de recolección de información estadística y no estadística a nivel nacional.

Que el artículo 10 de la Ley N° 24.901 determina que a los efectos de dicha ley, la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3° de la Ley N° 22.431 y por leyes provinciales análogas.

Que el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 1193/98 -reglamentario de la Ley N° 24.901- determina que el certificado de discapacidad se otorgará previa evaluación del beneficiario por un equipo interdisciplinario que se constituirá a tal fin y comprenderá el diagnóstico funcional y la orientación prestacional, información que se incorporará al Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Que, además, en el mencionado Registro se consignan los datos obtenidos por la Junta Evaluadora Interdisciplinaria al completar, al momento de la evaluación de quien solicita un CUD, el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad aprobado a través de la Resolución del Ministerio de Salud N° 675/2009, modificado por Resolución Nº 558/2016 también de esa Cartera Ministerial.

Que en atención a las políticas implementadas y a implementarse en el marco del Plan Nacional de Discapacidad, resulta imprescindible ampliar las variables actualmente existentes en el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad, con el objeto de obtener insumos sumamente valiosos que constituyen un aporte fundamental para llevar a cabo tales políticas.

Que en tal sentido, surge la necesidad de recabar información específica relacionada con el contexto de las personas con discapacidad, para lo cual se definieron ciertos indicadores que permitirán identificar tanto los factores contextuales de las mismas, como también aquellas que se encuentran en situación de dependencia.

Que los factores contextuales -compuestos por los factores ambientales y los factores personales constituyen el contexto completo de la vida de un individuo; como tal, implican una relación entre la persona y su entorno, permitiendo conocer la incidencia de dichos factores como facilitadores o barreras en la vida de la misma.

Que ello implica reafirmar la concepción del CUD como política pública que enfatiza la valoración de la persona con discapacidad en su contexto socio ambiental.

Que, asimismo, se hace menester obtener información en relación a la causa u origen de la deficiencia, lo que permitirá la implementación de acciones de prevención de la discapacidad.

Que en virtud de las consideraciones expuestas, resulta necesario proceder a la modificación de la Solicitud y del Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad, con el objeto de incluir indicadores que permitan definir los factores contextuales de la persona, si la misma se encuentra en situación de dependencia y la causa de su discapacidad; ello con la finalidad de contar con información relevante y oportuna para el diseño y desarrollo de políticas sustantivas.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES y la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22431 y los Decretos N° 698/2017, 868/2017, N° 95/2018, N° 160/2018 y N° 751/2018.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Modifícase la SOLICITUD y el PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD que fueran aprobados mediante Resolución N° 675 del MINISTERIO DE SALUD del 12 de mayo de 2009 y modificados por Resolución Nº 558 del MINISTERIO DE SALUD del 2 de mayo de 2016, cuyos modelos como Anexos I (IF-2018-42568550-APN-DE#AND) y II (IF-2018-42568790-APN-DE#AND) forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Establécese que la utilización y aplicación de la SOLICITUD y del PROTOCOLO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD que se aprueban por la presente, será obligatoria a partir del tres de septiembre de 2018.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Santiago Ibarzábal

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 03/09/2018 N° 64459/18 v. 03/09/2018

ANEXO 1 : https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5588827A01.pdf/20180903/0

ANEXO 2: https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5588827A02.pdf/20180903/0

1. Aumentar la atención sobre la importancia de involucrar activamente a las personas con discapacidad y sus familias a través de sus organizaciones representativas, en el desarrollo e implementación de legislación, políticas y programas para implementar la CDPD, así como en todos los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y plena participación e inclusión en la sociedad.
2. Proporcionar una plataforma para que la sociedad civil influya en los resultados de la Cumbre a través de una declaración unificada que se leerá durante la apertura de la Cumbre en nombre de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas. La Declaración estará fuertemente influenciada por los procedimientos en el Foro y las consultas en línea antes del Foro.
3. Brindar una oportunidad para que las personas con discapacidad, sus organizaciones representativas y otros actores que trabajan en apoyo de la inclusión de la discapacidad se relacionen entre sí y con otras partes interesadas que asistirán a la Cumbre, para desarrollar nuevas relaciones, asociaciones y compromisos de la Cumbre.
4. En línea con el espíritu del artículo 4 (3) de la CDPD, la organización del Foro por IDA y el Grupo de Referencia de la Sociedad Civil buscará asegurar que las voces de las personas con discapacidad se planteen y la composición del panel incluya debidamente a representantes de organizaciones de personas con discapacidad de todas las circunscripciones con base en la paridad, incluidas las más marginadas, como las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad psicosocial, las personas con discapacidad intelectual, las personas con sordoceguera, etc.
5. El Foro se utilizará como una oportunidad para que la sociedad civil comparta y capture lo que la sociedad civil considera más importante para informar los resultados de la Cumbre en general. Las discusiones también informarán la Declaración que será leída por The International Disability Alliance, en nombre de la Sociedad Civil durante la apertura del día de la Cumbre Global de Discapacidad el 24 de julio.